La defensa de las instituciones, el respeto a la ley y a las autoridades legítimamente constituídas, el amparo a la propiedad y el orden, son principios fundacionales del Partido Conservador. Por ello, el conservatismo, a la vez que respalda la institución presidencial y reconoce en el primer mandatario su jefatura de gobierno y la primacía como primera autoridad de la nación colombiana, le reclama que haciendo uso de su poder legítimo tome las medidas que sean necesarias para restablecer el orden público y asegurar la tranquilidad y los bienes de los colombianos.
El Partido Conservador respeta el derecho del pueblo a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, pero no puede aceptar que se conculquen las libertades ciudadanas, que se coarte su locomoción y se estrangule su diario discurrir. Las marchas violentas, el irrespeto y atropello a la autoridad, el bloqueo de vías, el daño a bienes públicos y privados, constituyen de por sí violaciones a la ley que deben ser materia de investigación y penalización por la justicia.
La pandemia ha hecho daño. La economía colombiana está en proceso de recuperación merced al esfuerzo del gobierno y de los empresarios que se entorpece por el bloqueo de las vías. El abastecimiento para las familias, seriamente empobrecidas, y el desarrollo de las actividades económicas sufren menoscabo, enorme daño, por la criminal conducta de obstaculizar el transporte. Eso es un delito contra la economía que debe castigarse.
El conservatismo en ésta coyuntura ratifica, una vez más, su devoción por la institucionalidad, el respeto a las autoridades de la república, empezando por la figura presidencial, y su respaldo pleno a la Policía Nacional que no hace otra cosa que cumplir con mandatos constitucionales de asegurar que los colombianos convivan en paz y se respeten su vida y bienes, con la advertencia, de que si hay actuaciones injustificables de algunas unidades de la fuerza pública, la justicia debe investigar y sancionar.
