A lo largo de la historia el conservatismo colombiano se ha caracterizado por la visualización y manejo responsable de la economía. En la actualidad la economía colombiana, lo fiscal y lo social, reclaman un examen sereno y riguroso que nos permitan seguir distinguiéndonos por esa conducta.
A raíz de las dificultades fiscales, económicas y sociales que vive el país, el Gobierno ha presentado al Congreso un proyecto de reforma tributaria que hemos estudiado con claro juicio. En efecto, hemos celebrado reuniones con ex ministros de Hacienda, ex directores de planeación y con la Bancada de congresistas para examinar el alcance de la reforma a fin de buscar salidas que no afecten a los colombianos y que permitan la reactivación económica, tan necesaria en estos momentos de pandemia.
Hemos insistido en que todos debemos “remar hacia el mismo lado” con el propósito de superar la mayor crisis sanitaria que ha vivido la humanidad en muchos años.
Somos conscientes que el Estado debe garantizar los programas sociales como el PAEF, Ingreso Solidario, la devolución del IVA y la matrícula universitaria gratuita para estratos 1, 2 y 3, el incentivo a la generación de primer empleo para jóvenes, entre otros, pero advertimos que los recursos para su financiación no pueden caer sobre los hombros de las clases media y popular, tan golpeadas en el último año.
No tendría ningún sentido tapar una crisis para generar otra. Por ello reclamamos que quienes tienen mayores ingresos paguen más y se protejan de esta forma los ingresos familiares.
Para el Partido Conservador unas “líneas rojas” que no podemos cruzar; no podemos acompañar medidas como el cambio de exentos a excluidos en productos de la canasta familiar, gravar con IVA los servicios públicos, los combustibles, el impuesto a las pensiones y ampliar la base gravable para que personas a partir de 2.500.000 pesos paguen impuesto de renta.
Alternativas como el establecimiento de una sobretasa en renta para el sector financiero, la fijación de un techo porcentual a las deducciones aplicadas en renta, a las sociedades y personas jurídicas catalogadas como grandes contribuyentes, la suspensión de los descuentos del ICA y la disminución temporal al impuesto de renta de las empresas, así como un impuesto al patrimonio para personas naturales con más de 5.000 millones de patrimonio líquido, la venta de algunos activos del Estado, acelerar la enajenación de bienes decomisados como producto del narcotráfico, combatir el contrabando y avanzar más en el control de la corrupción, entre otras, hacen parte de algunas de las propuestas que el Partido Conservador quiere incorporar al debate, como opciones para no afectar a los ciudadanos.
Para el logro de este propósito social es preciso que se busque un gran acuerdo con todos los sectores, que permita lograr el equilibrio fiscal del país y conseguir la continuidad de los programas sociales.
